Internacional:
Tratado vinculante de las corporaciones transnacionales y sus cadenas de suministro global con un enfoque en derechos humanos

Con el fin de regular las actividades de las corporaciones transnacionales y otras empresas, por medio de las leyes internacionales de derechos humanos, es necesario contar con un instrumento jurídico vinculante como el que actualmente se está impulsando en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

What does this look like?

Actualmente, los gobiernos están negociando el texto de un Proyecto de tratado sobre las empresas y los derechos humanos. Este instrumento deberá adherirse a la detallada orientación presentada por la sociedad civil global [1] y:

  • Reafirmar y poner en práctica la supremacía de los derechos humanos y de los derechos de la naturaleza (ver abajo) sobre cualquier tratado de comercio internacional o tratados asociados.

    • Cualquier acción que se tome para proteger los derechos de la naturaleza, debe reforzar y respaldar los derechos de las personas --de las comunidades locales (incluyendo a los campesinos, los pescadores y a las comunidades tanto nómadas como rurales), de los pueblos indígenas y de los derechos colectivos.

  • Crear mecanismos legales, nacionales e internacionales, para que las corporaciones transnacionales contaminantes, y otros negocios, asuman la responsabilidad jurídica y, de este modo obligarlos a restaurar y resarcir los daños que han causado en los ambientes que han contaminado, dañado o impactado de manera adversa; además de compensar a las personas afectadas.

  • Establecer qué obligaciones directas tendrán las corporaciones transnacionales para respetar los derechos humanos y los derechos socioeconómicos de las personas que realicen cualquier actividad en sus subsidiarias, sus compañías controladas y cualquier entidad que forme parte de su cadena global de valor.

    • Esto también debe incluir la obligación directa de respetar todos los acuerdos y convenios relevantes de las Naciones Unidas, incluyendo la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDIRIP) [2] y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales [3], incluyendo a las comunidades de pescadores.

  • Instituir una obligación por parte del Estado para proteger los derechos humanos y los derechos de la naturaleza de forma holística y armoniosa. En otras palabras, la protección de los derechos de la naturaleza debe respaldar y garantizar, de manera determinante, la protección de los derechos humanos y colectivos.

  • Adoptar lineamientos que prohíban a las instituciones internacionales --ya sean financieras o económicas-- participar en actividades que directa o indirectamente permitan que las corporaciones sigan actuando con impunidad.

    • Prohibir que las instituciones financieras internacionales sufraguen los gastos de la industria de combustibles fósiles o de cualquier otra industria contaminante.

    • Prohibir los subsidios dirigidos a la industria de contaminantes fósiles y las agroindustrias. [4]

  • Eliminar el Arbitraje de Diferencias Inversor-Estado (ISDS), pues es un mecanismo que utilizan las corporaciones para evadir su responsabilidad jurídica o para no respetar los derechos humanos ni los de la naturaleza; también ha sido utilizado para condenar formalmente a los Estados que priorizan la protección y garantizan la protección tanto de los derechos humanos como de la naturaleza. [5][6]

    • Suspender todas las negociaciones de tratados de comercio e inversión.

    • Hacer extensivas estas medidas para derogar el pago de deudas pendientes de acuerdo con las resoluciones de las adjudicaciones del ISDS.

  • Revocar la inmunidad de instituciones financieras internacionales, como la Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés) del Banco Mundial. De esta manera se daría continuidad a decisiones innovadoras como la que tomó la Corte Suprema de los Estados Unidos que, tras atender una demanda presentada por pescadores indios, determinó que las instituciones pueden ser consideradas responsables legalmente de daños ambientales.

Para comprender por qué esas medidas son necesarias para promover un avance significativo en el establecimiento de la responsabilidad jurídica y, para contrarrestar los intentos de las corporaciones para evadir su responsabilidad jurídica, lea los siguientes ejemplos:

Ecuador, Bolivia, Nueva Zelanda, India han comenzado a desarrollar otras versiones de sistemas políticos que reconocen los derechos de la naturaleza. No todos conciben a la naturaleza en su conjunto como acreedora de derechos; en algunos casos, sólo a algunas partes de la naturaleza –por ejemplo, a un río o a algunas especies—se les confiere el carácter de persona o se considera facultada para litigar sus propios derechos. No todos estos países han tomado las medidas adecuadas para asegurar que proteger los derechos de la naturaleza derivará en el refuerzo a la protección de los derechos humanos, lo cual es esencial. De clic aquí si quiere conocer más información sobre las medidas que han tomado los países mencionados.

 

Implementación de las medidas provistas en la Hoja de ruta de la responsabilidad jurídica

Los tomadores de decisión y los movimientos sociales, en todos los niveles, deben tener en cuenta lo siguiente cuando decidan implementar las medidas que se han expuesto en esta Hoja de ruta:

  • La promulgación de esas políticas y medidas es, simplemente, el primer paso para lograr que las industrias contaminantes y destructivas asuman su responsabilidad jurídica; aún quedará mucho trabajo pendiente para los los tomadores de decisión, activistas y la sociedad civil para asegurar que esas medidas sean completamente implementadas y movilizarnos hacia el cambio transformativo que el mundo necesita.

  • La responsabilidad jurídica debe ser asumida por todas las industrias y corporaciones que con sus prácticas contribuyen al cambio climático y sus impactos, o que provoquen algún tipo de daño a las personas y la naturaleza. Además de las industrias de combustibles fósiles, esas industrias incluyen --pero no se limitan sólo a ellas-- a la agroindustria, la industria forestal, la minería y el sector energético.

  • Muchas de estas medidas podrían aplicarse, de la misma manera a las corporaciones que son propiedad del Estado. Debido a que los contextos nacionales y las necesidades varían de un país a otro, es importante considerar dónde aplicar y cómo adaptar los principios y medidas listados en la Hoja de ruta de la responsabilidad jurídica. Por ejemplo, para ocuparse de las corporaciones contaminantes que son propiedad del Estado. Los factores por considerar al momento de aplicarlo, deben incluir, pero no limitarse a, el grado de control democrático que se ejerza en la entidad, la función y la utilización de los recursos que provienen de las ganancias que proveen del petróleo o el gas, y la capacidad que tenga la entidad de responder a la transición de los recursos energéticos regenerativos y renovables.

  • Las medidas implementadas a nivel nacional deben respaldar y reforzar, antes que contradecir, las otras medidas que se han implementado a nivel local o subnacional y viceversa.

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1 Global Campaign to Reclaim People's Sovereignty, Dismantle Corporate Power and Stop Impunity. Treaty on Transnational Corporations and Their Supply Chains with Regard to Human Rights: Treaty Text Proposal, October 2017, accessed August 25, 2020, https://www.stopcorporateimpunity.org/treaty-transnational-corporations-supply-chain-regard-human-rights/.

2 The United Nations General Assembly. "Declaration on the Rights of Indigenous People," New York, 2007.

3 UN Human Rights Council. "United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas," resolution adopted on 28 September 2018, 39th sess., Geneva, accessed August 25, 2020, https://digitallibrary.un.org/record/1650694?ln=en.

4 Oil Change International. "Fossil Fuel Subsidies Overview," Fossil fuel subsidies, 2018, accessed August 25, 2020, http://priceofoil.org/fossil-fuel-subsidies/.

5 Friends of the Earth Europe, Friends of the Earth International, Corporate Europe Observatory, and Transnational Institute. "Red Carpet Courts: 10 stories of how the rich and powerful hijacked justice," June 2019, accessed August 25, 2020, https://10isdsstories.org/.

6 Corporate Europe Observatory and Transnational Institute. "Cashing in on the pandemic: how lawyers are preparing to sye states over COVID-19 response measures'" May 19, 2020, accessed August 25, 2020, https://longreads.tni.org/cashing-in-on-the-pandemic.