Internacional:
El ecocidio tipificado como crimen en la ley internacional
El avance en la conquista de las leyes en la jurisprudencia internacional para proteger a la Tierra propone tipificar como crimen al ecocidio. De este modo, sería posible procesar demandas contra las corporaciones por violar esas leyes; es decir, por cometer ecocidio.
¿Cómo sería esto?
Reconocer formalmente, en la jurisprudencia internacional relevante, los actos de pérdidas, daños o destrucción a los ecosistemas o del mundo natural (ecocidio) como un crimen, tal como lo demandó la sociedad civil [1] junto con las naciones insulares de Vanuatu y Maldivas [2], y como ya había propuesto también, en 2010, la Comisión de Derecho Internacional (CDI) [3].
Al considerar al ecocidio como un crimen en la ley internacional deberá prohibir que existan actos de daño y destrucción de la Tierra; además de que creará el deber legal de cuidar a los habitantes que están o hayan estado en riesgo de ser afectados, de manera significativa, debido a estos actos. El deber de cuidar implica prevenir, prohibir y anticipar los daños que pueda provocar tanto un ecocidio causado por el hombre como una catástrofe natural. Donde ha tenido lugar un ecocidio, la solución debe ser procurada a través de las cortes nacionales y los órganos jurídicos internacionales.
Garantizar que la definición de ecocidio aborde, no sólo los crímenes ambientales y climáticos, sino también a los que se han cometido contra los defensores ambientales. [4] [5]
El ecocidio perpetrado por corporaciones debe ser castigado y juzgado prioritariamente por los impactos que tiene más que por el acto en sí mismo.
Reconocer formalmente el papel que tienen las corporaciones transnacionales en los ecocidios, y procesarlos cuando sean acusados de violar esas leyes.
Formalizar un proceso internacional que dé acceso y priorice las demandas de los países del Sur Global y las comunidades en la primera línea, pues son estas quienes padecen mucho más los impactos y, también es ahí donde las corporaciones transnacionales y sus subsidiarias están operando. Esto con el fin de conseguir compensaciones, reparaciones y justicia por los daños que esas corporaciones han cometido, y están cometiendo, en estos territorios.
De manera similar, es importante reconocer que lograr que los responsables se asuman como tales cuando han perpetrado un ecocidio, debe utilizarse para dar un paso más hacia el propósito de que aquéllos más afectados vivan los beneficios de la justicia climática y no que ni los gobiernos ni los actores del Norte Global, utilicen estos logros injustamente contra los gobiernos del Sur Global.
Registrar, mediante la CMNUCC y otras instituciones de la ONU, un llamado formal al derecho internacional para tipificar los actos de ecocidio como un crimen.
Implementación de las medidas provistas en la Hoja de ruta de la responsabilidad jurídica
Los tomadores de decisión y los movimientos sociales, en todos los niveles, deben tener en cuenta lo siguiente cuando decidan implementar las medidas que se han expuesto en esta Hoja de ruta:
La promulgación de esas políticas y medidas es, simplemente, el primer paso para lograr que las industrias contaminantes y destructivas asuman su responsabilidad jurídica; aún quedará mucho trabajo pendiente para los los tomadores de decisión, activistas y la sociedad civil para asegurar que esas medidas sean completamente implementadas y movilizarnos hacia el cambio transformativo que el mundo necesita.
La responsabilidad jurídica debe ser asumida por todas las industrias y corporaciones que con sus prácticas contribuyen al cambio climático y sus impactos, o que provoquen algún tipo de daño a las personas y la naturaleza. Además de las industrias de combustibles fósiles, esas industrias incluyen --pero no se limitan sólo a ellas-- a la agroindustria, la industria forestal, la minería y el sector energético.
Muchas de estas medidas podrían aplicarse, de la misma manera a las corporaciones que son propiedad del Estado. Debido a que los contextos nacionales y las necesidades varían de un país a otro, es importante considerar dónde aplicar y cómo adaptar los principios y medidas listados en la Hoja de ruta de la responsabilidad jurídica. Por ejemplo, para ocuparse de las corporaciones contaminantes que son propiedad del Estado. Los factores por considerar al momento de aplicarlo, deben incluir, pero no limitarse a, el grado de control democrático que se ejerza en la entidad, la función y la utilización de los recursos que provienen de las ganancias que proveen del petróleo o el gas, y la capacidad que tenga la entidad de responder a la transición de los recursos energéticos regenerativos y renovables.
Las medidas implementadas a nivel nacional deben respaldar y reforzar, antes que contradecir, las otras medidas que se han implementado a nivel local o subnacional y viceversa.
1 Natasha Lennard. "Ecocide Should Be Recognized as a Crime Against Humanity, but We Can’t Wait for The Hague to Judge," The Intercept, September 24, 2019, accessed August 25, 2020, https://theintercept.com/2019/09/24/climate-justice-ecocide-humanity-crime/.
2 Isabella Kaminski. "Vulnerable Nations Call for Ecocide to Be Recognized As an International Crime," The Climate Docket, December 6, 2019, accessed August 25, 2020, https://www.climatedocket.com/2019/12/06/ecocide-international-criminal-court-vanuatu/.
3 Ecocide Law. "What is ecocide," Proposed Amendment to the Rome Statute, accessed August 25, 2020, https://ecocidelaw.com/the-law/what-is-ecocide/.
4 Melissa Godin. "Record Number of Environmental Activists Killed in 2019," Time, July 29, 2020, accessed August 25, 2020, https://time.com/5873137/record-number-killing-environmental-activists-2019/.
5 Global Witness. Defending Tomorrow: The climate crisis and threats against land and environmental defenders, July 29, 2020, accessed August 25, 2020, https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/defending-tomorrow/.