¿Por qué de responsabilidad jurídica?

La crisis climática sólo se ha agudizado. Estamos yendo mucho más allá del punto de inflexión ecológica. Actualmente, la ciencia nos muestra que el hielo del Oceáno Ártico desaparecerá por completo antes de lo previsto (se estima que hacia el 2035)[1], lo que se traduce en la liberación del equivalente a 25 años de emisiones humanas dentro de la atmósfera.[2] Esto también muestra que es probable que ya estemos enfrentando un aumento de 10 metros en el nivel del mar.[3] Los efectos de la inacción climática, advertidos durante años por la sociedad civil, son, ahora, una realidad.

La falta de acciones contra el cambio climático ha puesto directamente en riesgo a naciones enteras, y a miles de millones de vidas junto con sus medios de subsistencia.[4][5][6][7] Actualmente, muchas de estas vidas se encuentran amenazadas, simultáneamente, por la pandemia provocada por la COVID-19 y un racismo brutal y sistemático. Este último se manifiesta mediante las desigualdades profundamente arraigadas, y perpetuadas, por la avaricia corporativa. Todas ellas han colocado a las comunidades del Sur Global, indígenas, gente negra y otras personas de color, mujeres, trabajadores, granjeros, campesinos y personas de bajos recursos, en la primera línea del cambio climático, la COVID 19 y las demás crisis sociales y económicas que permanentemente suceden a su alrededor.

Mientras que las personas que habitan en las comunidades alrededor del mundo están peleando por sus vidas, las industrias contaminantes y destructivas, como las de combustibles fósiles y la agroindustria, se preparan para acelerar su expansión, obedeciendo únicamente a su afán de lucro. Por ejemplo, el Informe de la Brecha de Producción (Production Gap Report más reciente señala que las industrias de combustibles fósiles tienen la intención de producir más del doble de combustibles fósiles para el año 2030, lo cual no es consistente con los compromisos firmados en el Acuerdo de París, que pugnan por mantener el aumento de la temperatura global lo más cercano posible a los 1.5 grados centígrados . La venta y comercialización de sólo cuatro insumos -- producidos industrialmente -- carne, soya, madera y aceite de palma—este último es la causa principal de la deforestación excesiva que ahora es una realidad en el mundo.[9] El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) atribuye a la agricultura y al uso de la tierra el 23% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.[10] Cuando se suman otros elementos del sistema globalizado de alimentos, los estudios sugieren que esta cifra alcanza el 40%.[11][12]

Al mismo tiempo, esas corporaciones contaminantes están sustentadas en un sistema cuyas bases son el fascismo corporativo, la explotación de las personas, el racismo y la opresión de las mujeres. Y ellos lo manipulan para su propio beneficio, pues consideran que las vidas humanas -- especialmente las vidas de las personas de color, de las mujeres y de las comunidades que se encuentran en la primera línea de la emergencia climática, como las personas indígenas, los campesinos, las comunidades de pescadores, la gente nómada y rural -- y el mundo natural son prescindibles. Estas industrias también están intentando sacar provecho de la pandemia provocada por la COVID-19; demandan al gobierno rescates financieros[13][14][15][16][17] y, al mismo tiempo que impulsan leyes con tintes cada vez más draconianos, incluso despliegan esquemas de Relaciones Públicas que los presentan como los salvadores en una crisis que ellos mismos han orquestado.[18][19][20] Regularmente se valen de tratados internacionales y de los acuerdos de inversión para evadir a la justicia en las cortes o tribunales judiciales; intimidan a los gobiernos que les demandan que sean responsables y paguen por lo que han ocasionado, y logran tener acceso al dinero público a través de demandas de arbitraje.[21][22] Además, se han organizado para impulsar soluciones tecnológicas riesgosas y poco confiables, tales como los mercados de carbono y la geoingeniería. Estas “falsas soluciones” no resolverán el problema, pero sí exacerbarán las desigualdades que ya existen y las violaciones a los derechos humanos.[23][24][25] Hay muchas barreras para conseguir un cambio en los sistemas, las más grandes son las que provienen de la agroindustria, las corporaciones dedicadas a los combustibles fósiles y el sector forestal, pues causan retrasos que sólo empeoran los efectos del cambio climático.[26][27][28][29]

Todo esto sucede mientras se agudiza la escasez de alimento como resultado de que se acorrale a los pequeños productores agrícolas para que cultiven productos genéticamente modificados con el fin de sostener la industria ganadera, de carne y lácteos, en lugar de alimentar a la gente que habita en sus localidades.[30][31] Están despojando a la gente de sus tierras, forzando a muchas comunidades alrededor del mundo a que abandonen sus tierras natales, y cometiendo incontables abusos a los derechos humanos; sin mencionar la destrucción ecológica que esto conlleva. Algunos ejemplos de ello son: los productos de Monsanto, cuyo uso ha provocado el envenenamiento químico tanto de los granjeros como de sus comunidades y ecosistemas,[32] la vinculación de las grandes empresas petroleras con la brutalidad policial racista a través del financiamiento de las fuerzas policiales en los Estados Unidos,[33] el trabajo infantil del que se vale Nestlé,[34] la complicidad de Shell en los asesinatos perpetrados en Nigeria,[35][36] y la tala indiscriminada de la industria cárnica, causa de la deforestación del 71% de la selva amazónica en siete países de Latinoamérica.[37]

De igual modo, estas mismas industrias son responsables, en gran medida, de la distintas crisis que enfrentamos. Durante décadas han estado conscientes de que sus actividades contribuyen a la exacerbación del cambio climático, –pero financiaron la negación de este hecho y utilizaron falsas evidencias científicas para retrasar que se llevara a cabo cualquier tipo de acción para evitarlo . Simultáneamente han impulsado la deforestación, la extinción y la crisis en la pérdida de biodiversidad, lo cual ha provocado que los animales tengan que abandonar sus hábitats naturales y, de este modo, surja la posibilidad de que propaguen patógenos alrededor del mundo. Han extraído la riqueza de estos lugares y han perpetrado el racismo medioambiental en las comunidades de color y las comunidades indígenas alrededor del mundo. Han debilitado la capacidad de los gobiernos para poder hacer frente a desastres globales como la crisis climática y la que se suscitó por la COVID-19 –los desastres son cada vez más caros y devastadores. Estos contaminadores son los únicos que deben pagar, no ser rescatados.

La necesidad es imperiosa. Tanto como lo son los recursos potenciales que estarán disponibles cuando rindan cuentas las corporaciones que más contaminan. Por ejemplo, tan solo en el 2019, Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, Chevron, BP y Total S. A. tuvieron ingresos totales de, aproximadamente, 1.35 trillones de dólares.[40] De manera similar, en 2018, los ingresos combinados de las 10 principales corporaciones agroindustriales del mundo -- entre las que se encuentran Cargill, Yara Internacional, Syngenta y Bayer -- fueron de 432.61 billones de dólares.[41] En contraste, en 2019, la suma del producto interno bruto de cinco países en vías de desarrollo, y que se encuentran severamente afectados por el cambio climático: Mozambique, Etiopía, Filipinas, Fiji y Bangladesh, fue de, aproximadamente, 786 billones de dólares.[42]

• Liberar o contar con los fondos necesarios para atender la emergencia climática al solicitar que estos actores paguen (no solo mediante compensaciones financieras) por los daños que han causado en el pasado, el presente y el futuro; y, además de que se comprometan a prevenir cualquier tipo de daño en el futuro. 
• Revocar las licencias corporativas para que no continúen actuando “como siempre”.
• Contribuir a la construcción del cambio sistémico que se necesita para asegurar un mundo en el que las personas y el planeta progresen, y en el que el aumento de la temperatura global se mantenga debajo del 1.5 grados centígrados; además de contribuir con la entrega de soluciones climáticas reales, como las que se incluyen en las Demandas de los Pueblos por la Justicia Climática.
• Ayudar a que se termine con el statu quo que ha sacrificado a distintos países en la primera línea y comunidades solo para que se mantengan los privilegios de quienes contaminan.
• Fortalecer las acciones climáticas internacionales junto con la promoción de la equidad, entregar las compensaciones, resarcir el daño moral, la responsabilidad histórica y la deuda climática, y proteger a las generaciones presentes y futuras.
• Reforzar la protección a los derechos humanos y a la Madre Tierra.
• Terminar con la captura corporativa de las decisiones políticas y las asambleas en las que participan los entes decisores a nivel nacional y en espacios multilaterales. Con el fin de fortalecer la democracia participativa en todos los niveles, desde el más bajo hasta el más alto.

La responsabilidad legal no es una idea innovadora. Es un concepto que ha sido practicado, durante siglos, por distintas comunidades alrededor del mundo, mediante la restitución, las reparaciones y los medios juridicos, legislativos, culturales, etc. Algunos ejemplos de comunidades que clamaron porque los contaminadores asumieran su responsabilidad legal incluyen incluyen a los pescadores indios, los movimientos globales por la justicia social que demandan el pago de la deuda climática mediante paquetes de recuperación COVID-19, las Comunidades negras que demandan compensaciones en los Estados Unidos, y expertos jurídicos alrededor del mundo. Cuando se asume de manera exhaustiva, holística y equitativa, la responsabilidad jurídica también tiene el potencial de terminar proactivamente (no sólo responder a ello) con las practicas que son abusivas tanto para la gente como para la naturaleza.

La Hoja de ruta de la responsabilidad jurídica que aquí se presenta está trazada con base en la vasta experiencia de comunidades y movimientos sociales alrededor del mundo, particularmente en el Sur Global y los países en la primera línea de la emergencia climática. Presenta, a los tomadores de decisón -- incluyendo oficiales de gobierno, sociedad civil y movimientos en todos los niveles de gobierno -- un catálogo de medidas y herramientas que pueden utilizar para: 1) conseguir el financiamiento que se necesita para apoyar el cambio urgente que necesitan los sistemas; 2) acceder a soluciones que tengan control público, y 3) para enfrentar, de manera justa, la crisis climática.

Por supuesto, poner en marcha las políticas y medidas que aquí se plasman es el primer paso: hay mucho trabajo por hacer para asegurar que esas acciones se implementen y nos dirijan hacia el cambio transformativo que el mundo necesita.

En medio de una pandemia global, una recesión internacional, una crisis de salud pública, los sistemas injustos que han alimentado el cambio climático, y ocasionado una serie de injusticias a través de los siglos, se están derrumbando. Ahora nos enfrentamos a la posibilidad de sentar las bases de la construcción de un mundo habitable y más equitativo -- uno en el que la gente y la naturaleza progresen -- o de echar abajo los sistemas de opresión racistas y colonialistas que solo han servido para afianzar el poder de una minoría. Ese mundo, mucho más hermoso y justo se puede volver realidad, al menos parcialmente, si logramos que las industrias que han llevado a países, comunidades, y al planeta entero, al borde del colapso asuman su responsabilidad jurídica.

La ciencia nos muestra que las acciones que tomemos ahora delinearán el curso de las acciones para los próximos diez años,[43][44] y, a su vez, determinarán si nos enfrentaremos a los colapsos ambientales y sociales. Los entes decisores del mundo deben predicar con el ejemplo y saber reconocer, con entusiasmo, que nos encontramos en un momento sin precedentes. Un buen inicio sería dejar el poder en manos de las personas y las comunidades, y trabajar juntos en la construcción de sistemas más equitativos que se centren en las personas.