Estudios de caso

🔎 Chevron y Texaco en Ecuador

La lucha actual de las comunidades indígenas de la Amazonia ecuatoriana para lograr que Chevron se responsabilice y rinda cuentas por décadas de devastación ambiental y abusos a los derechos humanos ejemplifica un caso profundo y emblemático que subraya la necesidad imperiosa de dictar una legislación internacional vinculante para prevenir la impunidad corporativa y lograr que los contaminadores sean responsables jurídicamente. A pesar de los numerosos intentos jurídicos, que han durado décadas y ha sido objeto de conocimiento por diversas jurisdicciones internacionales, Chevron continúa evadiendo exitosamente que sea considerado responsable jurídicamente del daño irreparable que ha ocasionado al Amazonas.

Las comunidades indígenas y los pequeños campesinos dentro del Amazonas comenzaron a experimentar problemas hace décadas, cuando Texaco (ahora Chevron), descubrió que había petróleo en el Ecuador, a mediados de 1960.[1] En su esfuerzo por aumentar sus ganancias, la corporación, como es sabido, pasó por alto las protecciones ambientales y las regulaciones para el manejo de desechos, y arrojó billones de galones tóxicos de aguas residuales en los ríos --contaminando las aguas subterráneas y destruyendo las tierras de cultivo.[2][3][4]

Las operaciones de la corporación, y la contaminación que produjo en dos décadas, causaron daños directos e irreparables a la salud y la vida de más de 30,000 personas en múltiples comunidades.[5] Múltiples estudios han determinado, incluso, la propensión a un mayor riesgo de cáncer en el área.[6]

Como respuesta a estos abusos, los afectados conformaron la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco (UDAPT) para plantear un litigio que fueran capaces de sostener, para lograr que la corporación asuma su responsabilidad por la manera en que impactó a estas comunidades.[7] La UDAPT declara que la compañía arrojó cerca de 650,000 barriles de petróleo crudo y más de 16 billones de galones de aguas residuales en los ríos y suelos de la jungla amazónica, causando impactos a la salud a largo plazo tales como altos índices de cáncer, defectos de nacimiento, abortos espontáneos y afecciones respiratorias, entre otras condiciones crónicas para la salud.[8][9][10] De acuerdo con Pablo Fajardo, uno de los abogados principales de la UDAPT, al menos “2.000 personas murieron de cáncer debido a las toxinas y el aire y agua contaminados”.[11]

En 1993, la UDAPT presentó una demanda en contra de la corporación en los Estados Unidos como una estrategia clave para que la corporación se hiciera responsable jurídicamente de sus acciones, y buscando que se remediara el daño Ambiental que causó. La corporación (entonces Texaco) solicitó que el procedimiento jurídico fuera trasladado a una corte de una provincia en Ecuador, la cual, en 2011 (después de cerca de dos décadas de litigio) falló a favor de la UDAPT y sentenció a Chevron-Texaco a pagar 9.5 millones de dólares a las comunidades que habían afectado.[12] Y a pesar de los enormes retos jurídicos y las apelaciones de la corporación, el juicio contra Chevron fue confirmado por las más altas autoridades judiciales del país. No obstante que el juicio aún conserva el estatus de uno de los más largos impuestos contra una corporación petrolera, ningún daño ha sido pagado a los demandantes.[13]

Durante el juicio de la UDAPT, Chevron también demandó al país en cortes internacionales con el propósito de demeritar el procedimiento jurídico y el juicio que se estaba llevando a cabo en Ecuador mientras buscaban una compensación financiera.[14] En medio de las agresivas tácticas jurídicas, Chevron comenzó a retirar todas sus acciones de Ecuador y huyeron del país para evitar pagar por cualquier tipo de daños.

La corporación, incluso, recurrió al arbitraje de inversión bilateral que pactó entre Ecuador y los Estados Unidos, con el fin de triunfar en su intento de evadir el pago de la deuda impuesta en Ecuador.[15][16] Durante esos procedimientos, la corporación argumentó que el gobierno de Ecuador debió haber detenido el juicio que habían emprendido las comunidades indígenas y la gente, conocido como Lago Agrio. La corporación declaró que debió ser responsabilidad del gobierno subsanar lo que consideraron sus obligaciones ambientales. Esto por un acuerdo que firmaron ambos en 1996.[17] Como parte de su estrategia jurídica, y en un movimiento que ha sido denominado “acoso judicial” por 29 premios Nobel,[18] Chevron formuló cargos de corrupción, soborno y fraude durante los juicios en Ecuador con el fin de anular el fallo original y recibir cientos de millones de dólares por parte del gobierno ecuatoriano.[19][20][21]

Como parte de la saga jurídica en curso, las comunidades afectadas se dirigieron a cortes extranjeras para reforzar el veredicto ecuatoriano y contrarrestar los intentos que hizo Chevron de utilizar a su favor las jurisdicciones internacionales para evadir su responsabilidad. Las peticiones de solidaridad internacional fueron hechas a los tribunales de Brasil, Argentina y Canadá.[22]

Considerando los intentos que ya se habían realizado para que Chevron se hiciera responsable, junto con la reciente victoria jurídica de Chevron, en la que potencialmente se exige a Ecuador que pague millones de dólares en costos legales, Pablo Fajardo señala: “Entonces, ¿qué garantía legal, si es que hay alguna, tienen las víctimas de los crímenes corporativos? Ninguna en absoluto. El poder económico se impone y las compañías compran su impunidad”.[23]

En todo momento, a la gente más afectada por la devastación de Chevron en la Amazonía ecuatoriana se le ha negado el acceso a cualquier forma de justicia o compensación. El caso de Chevron ilustra cómo una corporación transnacional puede escapar de la responsabilidad jurídica y continuar actuando con impunidad a pesar de haber cometido graves violaciones a la legislación internacional. Las agresivas tácticas jurídicas de Chevron a través de varias jurisdicciones internacionales, la utilización de acuerdos comerciales, los esfuerzos para anticiparse a una responsabilidad jurídica mayor, y los intentos de cercar la corporación con complejas estructuras, refuerza la necesidad de crear un instrumento internacional que obligue a las corporaciones a respetar los derechos humanos mientras ofrecen a las comunidades soluciones, reparaciones y justicia.[24]

Una aproximación prometedora es el desarrollo actual de un instrumento internacional legalmente vinculante para hacer precisamente eso. En el 2014, Ecuador patrocinó y ha apoyado el proceso del Tratado Vinculante en las Naciones Unidas,[25] presidiendo el Grupo de trabajo intergubernamental sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales, y otras empresas (OEIGWG).[26] Este proceso sigue una resolución adoptada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y establece un mandato para elaborar un instrumento legal vinculante que regule las actividades de las corporaciones transnacionales y otras compañías de acuerdo con las normas Internacionales de Derechos Humanos.[27] Lea más acerca de este instrumento legal vinculante y cómo avanzarlo aquí..

🔎 Grandes Tabacaleras. Acuerdo Transaccional

Recientemente, se ha prestado cada vez más atención a las similitudes entre las tácticas de la industria del tabaco y la de los combustibles fósiles —como la difusión de información errónea.[28][29] La industria tabacalera estaba intentando evitar la protección a la salud pública, mientras las grandes empresas contaminantes intentaban retrasar las acciones para prevenir el cambio climático. Ahora, a medida que las acciones jurídicas emprendidas contra la industria de los combustibles fósiles toman fuerza, la experiencia de cómo al final la industria tabacalera asumió su responsabilidad jurídica en los Estados Unidos, arroja cierta luz sobre aquellos que buscan hacer lo mismo con las industrias de los combustibles fósiles y/u otras empresas contaminantes que contribuyen al cambio climático.

Con el fin de debilitar la voluntad política para emprender cualquier tipo de acciones, la industria de los combustibles fósiles ha gastado considerables sumas de dinero durante décadas para influenciar o silenciar la discusión pública acerca de los efectos de sus productos.[30] Esta no es la primera vez que las empresas que priorizan las ganancias sobre las personas han causado un gran daño. La industria del tabaco gastó cientos de millones de dólares para desinformar a la opinión pública sobre los impactos del consumo de los productos de tabaco en la salud con el propósito de socavar los esfuerzos que se realizan para la implementación de políticas públicas a favor del control de tabaco.[31][32]

En los Estados Unidos, las revelaciones acerca de la extensa campaña de la industria tabacalera para engañar a la opinión pública con respecto a los riesgos a la salud pública que conlleva el consumo de los productos tabaco, salieron a la luz a través de la publicación de documentos internos de la propia industria. En mayo de 1994, un denunciante filtró a la prensa documentos internos de la industria tabacalera —ocupando los titulares en los principales periódicos del país.[33] La cobertura mediática de estos documentos —y la indignación pública que le siguió— animó a los denunciantes a proporcionar más evidencia de que la industria sabía del daño que causaban sus productos.

A lo largo de ese año, hubo una lenta filtración de documentos condenatorios, lo que alimentó un flujo constante de información. Mientras que los ejecutivos de siete empresas tabacaleras intentaron evitar represalias diciéndole al Congreso que no creían que la nicotina fuera adictiva, días después, se publicaba un documento corporativo interno que revelaba que mentían.

Esto provocó un aumento exponencial de las acciones legales contra la industria. Se presentó la primera demanda colectiva contra la industria, y los fiscales generales también comenzaron a demandar a la industria. En los siguientes 18 meses, cerca de una docena de Estados ya habían demandado también a la industria tabacalera.

Para 1998, época del Acuerdo Transaccional, 46 Estados habían presentado demandas contra las grandes empresas tabacaleras. El Acuerdo Transaccional es el acuerdo más grande, en lo que se refiere al derecho civil, en la historia de los Estados Unidos y con él se solucionaron las demandas estatales. Las empresas tabacaleras asumieron pagar a los Estados miles de millones de dólares en cuotas anuales, se sujetaron a nuevas restricciones para la comercialización del tabaco y a publicar millones de documentos internos que ahora son de acceso público.[34]

El impacto de estos casos fue enorme. A medida que aumentaron las demandas, la opinión del público cambiaba. En Minnesota, la demanda estatal fue a juicio y tuvo como resultado la publicación de millones de documentos internos condenatorios.[35] Estos documentos —que dejaron en claro las tácticas de la industria para engañar al público y socavar las políticas de salud pública— fortalecieron la disposición de quienes se encargan de hacer las leyes en todo el mundo para tomar medidas al respecto, incluyendo la adopción de un Convenio Marco para el Control del Tabaco,[36] negociado bajo el auspicio de la Organización Mundial de la Salud, que entre otros incluyó disposiciones relativas a la responsabilidad, en parte, a la publicación de estos documentos.[37]

Hoy, este tratado que ha sentado fuertes precedentes internacionales para salvar vidas,[38] ha allanado el camino para la protección de la salud pública en países de todo el mundo. Al final, el Acuerdo Transacional forzó a la industria del tabaco a pagar perpetuamente miles de millones de dólares por los daños ocasionados. El dinero sirvió como compensación por los gastos que habían hecho los contribuyentes en el tratamiento de enfermedades relacionadas con el consumo de los productos de tabaco y por las pérdidas de las economías locales.

La reciente cascada de demandas y acciones contra la industria de combustibles fósiles muestra claramente un impulso creciente para hacer responsables jurídicamente a las industrias contaminantes por los daños que provoca el cambio climático.[39][40] Y como lo demuestra la experiencia del Acuerdo Transaccional, es conveniente para los funcionarios públicos avanzar en las investigaciones de la industria y tratar de dar a conocer documentos internos que proporcionen evidencia para respaldar reclamos legales que busquen responsabilizar jurídicamente a las empresas. Como lo ilustran las investigaciones sobre la industria del tabaco en los Estados Unidos y el Acuerdo Transaccional resultante, la divulgación pública y la exposición interna de las industrias de combustibles fósiles (y otras industrias contaminantes) permitirían un monitoreo continuo y la revelación de irregularidades. La notoriedad que ha tenido y la visibilidad de estas acciones son sumamente importantes para cambiar la perspectiva de la opinión pública y construir la voluntad política que se necesita para avanzar en la justicia climática a nivel global.

🔎 Pescadores indios, el Banco Mundial y la Corte Suprema de los Estados Unidos

El caso Budha Ismail Jam y otros vs. la Corporación Financiera Internacional es el nombre de una demanda histórica presentada por pescadores y granjeros que residen en la costa de Gujarat, India. A lo largo este territorio, viven generaciones de comunidades de pescadores y granjeros que dependen y cuidan de los recursos naturales, incluyendo la pesca, la agricultura, la actividad en las salinas y la crianza de animales para el sustento y la comercialización. Aproximadamente 4 millones de personas; es decir, cerca de 870.000 familias constituyen el importante sector pesquero de la India.[41] Todos ellos fueron afectados por la construcción de la central eléctrica de carbón Tata Mundra Ultra Mega 4, 150MW, financiada por la CFI, pues sus actividades causaron severos daños al medioambiente local −incluyendo el ecosistema marino− e impactaron negativamente el modo de vida tradicional del lugar.

En abril del 2008, la Junta de la CFI del Grupo del Banco Mundial aprobó un préstamo por 450 millones de dólares para la planta de energía Tata Mudra Ultra Mega, propiedad de la firma privada Coastal Gujarat Power Limited[42]—un proyecto “de alto riesgo” que ha devastado la vida marina, acuática, las tierras de cultivo y el aire—cuyo resultado fue el desplazamiento tanto físico como económico de aquellos que vivían en los puertos pesqueros (conocidos como bunders).[43][44] Aunque la batalla legal que lideran los pescadores y los granjeros para hacer que el instituto de desarrollo global más grande del mundo se responsabilice por sus abusos aún está en curso, este caso demuestra los vacíos técnicos y jurídicos que tiene la ley sobre las Inmunidades de Organizaciones Internacionales (IOIA, por sus siglas en inglés), establecida en 1945, cuyos estatutos permiten que las instituciones internacionales, como el Grupo del Banco Mundial, busquen inmunidad “absoluta” por los daños económicos y ambientales ocasionados por los proyectos que financian.[43][44][45] A pesar de ello, este caso está sentando un precedente histórico que puede servir para empoderar a las comunidades de la primera línea, principalmente aquellas que han sido dañadas por el abuso corporativo, para que se animen a demandar la rendición de cuentas de las instituciones internacionales que permiten (y por lo tanto son cómplices) esos abusos.

Los billones de dólares que financiaron el desarrollo de proyectos para los países del Sur Global fueron provistos, principalmente, por Instituciones Financieras Internacionales (IFI) mediante Programas de Ajuste Estructural (PAE)[46] que tuvieron como resultado un alto costo social y ambiental para las comunidades de la primera línea, pues gracias a ello se mantuvieron y perpetuaron la degradación ambiental, la inequidad, la pobreza y la dependencia.[47][48][49][50][51] Esos PAE son impulsados en países con regulaciones indulgentes que permiten una mayor cantidad de Inversiones Extranjeras Directas (IED), con varias regulaciones y estándares que con frecuencia se reducen o, claramente se eliminan.[52] Este caso es importante porque desafía a las IFIs que aún buscan beneficiarse de los países del Sur Global para hacer que prevalezcan los privilegios corporativos y el sistema capitalista.

Después de que la planta Tata Mudra inició sus operaciones, los pescadores indios que residían a lo largo de la costa de Gujarat comenzaron a experimentar amenazas significativas a los ecosistemas marinos de los cuales obtenían sus recursos económicos, incluyendo la cantidad de peces. Los bunders que se encontraban más cerca de la Planta fueron los más afectados, pues en estos sitios, las grandes cantidades de contaminación térmica dañaron el ecosistema marino local y el transporte de carbón desde el puerto hasta la Planta causó polvo de carbón y cenizas volátiles que afectaron la salud y el bienestar tanto del medioambiente como de la población local.[53][54] Los pescadores residentes dieron cuenta de severos daños físicos y ambientales: se habían agravado aún más los problemas −que afectan desproporcionadamente a los ancianos−, y se percibía un clima inusualmente cálido que presumiblemente era provocado por la significativa columna térmica que provenía del canal de desagüe de la planta.[55] A pesar de los compromisos vinculantes para asegurar que el proyecto cumpliera con los acuerdos sociales y ambientales establecidos en el acuerdo del préstamo y en el propio Marco de Sostenibilidad de la CFI,[56] la planta Tata Mudra causó daños sin precedente tanto a la sociedad como al medioambiente de Gujarat.[57]

Aunque la CFI ha repetido en muchas ocasiones que “no se puede subestimar la importancia que tiene la electricidad para terminar con la pobreza y construir la prosperidad [y que] la falta de electricidad afecta las oportunidades de educación, salud, agua limpia, libertad de movimiento (para elegir su lugar de residencia), y la oferta de empleos”,[58] sus acciones causaron, significativamente, más daño que bienestar. El préstamo a la CFI que financió la construcción de la planta Tata Mudra causó daños irreparables y directos, incluyendo amenazas a la salud, destrucción de la propiedad, pérdida de vecindarios, destrucción ambiental, y desplazamientos tanto físicos como económicos.[59][60] En respuesta a esos abusos, en el 2011, Machirmar Adhikar Sangharsh Sangathan (Asociación para la Lucha de los Derechos Humanos de los Pescadores o MASS) presentó una queja formal ante la Oficina del Asesor Cumplimiento Ombudsman (CAO). El CAO publicó sus resultados y concluyó que la CFI no tomó las medidas necesarias para asegurar la aplicación del acuerdo que se estableció al otorgarle el préstamo; de igual modo, señaló el fracaso en el cumplimiento de los compromisos que había adquirido con la comunidad local.[61][62] En el 2013, la CAO liberó un reporte de auditoría en el que denunció el papel que jugó la CFI en los significativos daños, medioambientales y sociales, provocados alrededor de toda la costa de Guajarat. A pesar de estas evidencias, la CFI rechazó o ignoró categóricamente la mayoría de las declaraciones de la CAO.[63][64]

En abril del 2015, en nombre de un grupo de pescadores locales y granjeros, EarthRights International (ERI) presentó una demanda contra la CFI en la corte federal de Washington D. C., donde tiene su sede la CFI.[65] ERI representó a la organización de pescadores, MASS, y al pueblo Navinal Panchayat, una entidad del gobierno local.[66] Sin embargo, la CFI presentó una moción para contrarrestar la demanda apelando a una inmunidad “absoluta” en los tribunales de Estados Unidos en virtud de la IOIA.[67] El Juez de la Corte del Tribunal de Distrito respaldó esta moción. Cuando los demandantes protestaron,[68] el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia confirmó la decisión del circuito de D. C., respaldando el argumento de “inmunidad absoluta” que presentó la CFI.[69]

El 27 de febrero de 2019, en un voto histórico 7-1, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos dictaminó que las organizaciones internacionales,[70] incluyendo a las del Grupo del Banco Mundial, pueden ser demandadas en los tribunales de los Estados Unidos por sus actividades comerciales.[71][72] A pesar de que la sentencia derivada de este juicio sienta un precedente monumental para la responsabilidad corporativa, la CFI presentó una nueva moción para refutar el caso.[73] Un año después, en febrero del 2020, la moción presentada por la CFI fue aceptada y el juez dictaminó que “la demanda no se basa, esencialmente, en la actividad –comercial o de otro tipo—que se lleve a cabo en Estados Unidos”.[74] Con el caso presentado a través de las cortes de Estados Unidos, Budha Ismail Jam declaró: “para salvar a nuestras poblaciones y preservar nuestro ambiente para las futuras generaciones, no vemos otro camino. Sabemos que nos enfrentamos a una institución rica y poderosa, pero estamos determinados a lograr que nuestras voces sean escuchadas. Continuaremos buscando que se haga justicia”.[75]

En el contexto de la batalla jurídica por la justicia entre los pescadores y los granjeros en contra de la CFI, este caso cuestiona, fundamentalmente, el alcance que tienen las instituciones internacionales con respecto a la inmunidad que poseen en las demandas jurídicas y pone sobre la mesa el siguiente cuestionamiento: ¿en qué medida las instituciones financieras, como el CFI pueden ser consideradas responsables legalmente por los daños ambientales, sociales y económicos causados por los proyectos que ellos financian? Si la CFI asume su responsabilidad jurídica, esto sentará un precedente que hará aún más complicado que las instituciones internacionales, incluyendo el Banco Mundial, ignoren el deber moral y la obligación que tienen de considerar el bienestar de las personas y del medioambiente antes que sus ganancias. La justicia para los pescadores y los granjeros de Gujarat puede lograr que otras comunidades demanden a la IFC para que rinda cuentas y se responsabilice jurídicamente.

Este caso sienta un precedente importante para asegurar que los organismos como las Instituciones Financieras Internacionales se responsabilicen y paguen por los daños que han perpetuado con los proyectos que ellos mismos financian. Sin embargo, las comunidades de granjeros y pescadores se enfrentan a importantes retos, pues los procesos jurídicos requieren una gran cantidad de tiempo, recursos y energía para ser ejecutados, y, a pesar del logro histórico que tuvieron en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, la planta Tata Mudra aún sigue contaminando la tierra y el agua de Gujarat, empeorando la salud de los ecosistemas y sus habitantes a cada momento.

🔎 La primacía de los derechos de la naturaleza

Ecuador, Bolivia, India y Nueva Zelanda han dado los pasos iniciales para reconocer formalmente los derechos de la naturaleza, principalmente para concretar de manera más firme la primacía de los derechos de la naturaleza y los derechos humanos por encima de los demás. Aquí se presenta una instantánea de cómo se ve esto en cada país:

• Ecuador: En 2008, de acuerdo con un referéndum nacional, y con el respeto a la sabiduría de las culturas indígenas, Ecuador se convirtió en el primer país que modificó su constitución para reconocer los derechos de la naturaleza.[78] Ahora, bajo la protección de la constitución ecuatoriana, Pachamama (la Madre Tierra) tiene derecho “a existir, a persistir, a mantener y regenerar sus ciclos vitales, su estructura, sus funciones y sus procesos en la evolución”. Mediante estos cambios constitucionales, una persona o comunidad tiene el derecho de abogar por la naturaleza; de defenderla. Pachamama no está personificada directamente; sin embargo, es portadora de derechos como “naturaleza”, a diferencia de “personas, pueblos, comunidades y nacionalidades” y “personas naturales y jurídicas”.
• Bolivia: Aunque Bolivia también fue guiado por la sabiduría indígena, en contraste con Ecuador, el reconocimiento legal boliviano, efectuado en 2010 a la “Madre Tierra” se entiende bajo el concepto de un “interés público colectivo”.[79] En lugar de otorgar directamente la personalidad jurídica a la naturaleza, la ley boliviana revoca a los seres humanos su dominio sobre el resto de la naturaleza y los coloca como iguales. Por lo tanto, toda naturaleza, incluidos los humanos, que forman parte de ella, tiene los derechos “humanos” que enumera la ley, y los Estados deben tomar las medidas necesarias para protegerlos. Este movimiento utiliza una visión más holística de la ley —proteger a la naturaleza como un sistema en lugar de dividirla en bosques, arroyos, lagos, etc.
• India: Después de un caso de la Corte Suprema India, sucedido en 2012, este país reconoce componentes específicos de la naturaleza como sujetos de derecho, en lugar de sólo proteger a la naturaleza en su conjunto.[80] En 2012, la Junta de Bienestar Animal de India vs A. Nagaraja permitió que el derecho a la vida, consagrado en el artículo 21 de la constitución india se extendiera a los animales no humanos. Desde entonces, el Ministerio de Medio Ambiente y Bosques de la India declaró a los cetáceos (una familia de mamíferos acuáticos como las ballenas o los delfines) “personas no humanas”. Esta medida ayudó a protegerlos. Además, en marzo de 2017, un tribunal indio otorgó derechos de persona a la cuenca del río Ganges.

• Nueva Zelanda: Este país también honra la aproximación de la cosmovisión indígena que considera relación entre los humanos y el mundo natural como algo holístico.[81] Por ejemplo, algunas tribus maoríes consideran a cierto río su ancestro. Tales relaciones no son sólo simbólicas. Esta genealogía o whakapapa es una consideración fundamental para que esta tribu se relacione con el mundo. Considerar a la naturaleza como un miembro de la familia es una realidad que fue plasmada en la ley, en 2004, cuando le concedieron el reconocimiento de personalidad jurídica al río Whanganui y al bosque Te Urewera.

Es fundamental tener en cuenta que, en los cuatro casos, establecer los derechos de la naturaleza en estos países aún no ha promovido, de manera significativa, el acceso a la justicia o a la promoción de la responsabilidad jurídica. En determinado momento, podría tenerse la impresión de que estas medidas, al haberse tomado de manera aislada y sin implementación respaldada por medidas adicionales como las propuestas en esta Hoja de ruta, pretendan defender la justicia y la responsabilidad legal sin realmente hacerlo. De igual manera, todas las acciones que se han tomado para proteger los derechos de la naturaleza deben reforzar y respaldar el respeto a los derechos de las personas, de las comunidades locales (incluyendo a los campesinos, las comunidades de pescadores, la gente tanto nómada como rural, los indígenas) y los derechos colectivos, en lugar de minimizarlos al punto de que unos primen sobre otros. Lea más aquí acerca de cómo constituir los derechos de la naturaleza al mismo tiempo que se promueve la responsabilidad jurídica para las industrias contaminantes y se brinda justicia a la gente.