Internacional:
Terminar con los negocios de los contaminadores
Retener la licencia de una corporación por contaminar y abusar al ponerla en la lista negra de las corporaciones contaminantes, especialmente aquellas que están, actualmente, bajo escrutinio público o investigación.
¿Cómo sería esto?
Vedar a las corporaciones que actualmente son sujeto de investigaciones jurídicas o que las han encontrado culpables a través de una investigación (sub nacional, nacional, regional o internacionalmente) por alegatos relacionados con fraude, malas prácticas o abusos a los derechos humanos por recibir cualquier privilegio o incentivo, incluido, pero no limitado únicamente a los subsidios, fondos de estímulo, evasión de impuestos/ rebaja de impuestos, y acceso a los espacios de toma decisiones y negociaciones.
Instituciones internacionales, tales como los organismos de las Naciones Unidas y el Banco Mundial u otros cuerpos de financiamiento e inversión deben cesar sus relaciones con esas corporaciones o colocarlas en la lista negra.
Esas medidas también deben ser aplicadas a las corporaciones contaminantes y las industrias en general, además de ser imputadas inmediatamente a las entidades bajo escrutinio legal.
Terminar con el ranking de facilidad para hacer negocios del Banco Mundial, [1] el cual determina la economía no en la fuerza de sus políticas ambientales o de responsabilidad corporativa, sino en las presiones efectivas que se puedan ejercer contra los países para desregular.
Cortar vínculos y contratos con tales corporaciones en todos los niveles, incluidas aquellas alianzas que permitan a los contaminadores lavar su imagen mediante el ecoblanqueamiento o greenwashing, con lo cual pueden poner a dudar la buena voluntad de los miembros de la comunidad.
Implementación de las medidas provistas en la Hoja de ruta de la responsabilidad jurídica
Los tomadores de decisión y los movimientos sociales, en todos los niveles, deben tener en cuenta lo siguiente cuando decidan implementar las medidas que se han expuesto en esta Hoja de ruta:
La promulgación de esas políticas y medidas es, simplemente, el primer paso para lograr que las industrias contaminantes y destructivas asuman su responsabilidad jurídica; aún quedará mucho trabajo pendiente para los los tomadores de decisión, activistas y la sociedad civil para asegurar que esas medidas sean completamente implementadas y movilizarnos hacia el cambio transformativo que el mundo necesita.
La responsabilidad jurídica debe ser asumida por todas las industrias y corporaciones que con sus prácticas contribuyen al cambio climático y sus impactos, o que provoquen algún tipo de daño a las personas y la naturaleza. Además de las industrias de combustibles fósiles, esas industrias incluyen --pero no se limitan sólo a ellas-- a la agroindustria, la industria forestal, la minería y el sector energético.
Muchas de estas medidas podrían aplicarse, de la misma manera a las corporaciones que son propiedad del Estado. Debido a que los contextos nacionales y las necesidades varían de un país a otro, es importante considerar dónde aplicar y cómo adaptar los principios y medidas listados en la Hoja de ruta de la responsabilidad jurídica. Por ejemplo, para ocuparse de las corporaciones contaminantes que son propiedad del Estado. Los factores por considerar al momento de aplicarlo, deben incluir, pero no limitarse a, el grado de control democrático que se ejerza en la entidad, la función y la utilización de los recursos que provienen de las ganancias que proveen del petróleo o el gas, y la capacidad que tenga la entidad de responder a la transición de los recursos energéticos regenerativos y renovables.
Las medidas implementadas a nivel nacional deben respaldar y reforzar, antes que contradecir, las otras medidas que se han implementado a nivel local o subnacional y viceversa.
1 “Ease of Doing Business rankings,” Doing Business, The World Bank Group, accessed August 25, 2020, https://www.doingbusiness.org/en/rankings.