Internacional:
Comité internacional independiente de expertos en responsabilidad jurídica
Establecer un comité de expertos en responsabilidad jurídica que sea independiente y democráticamente controlado con el fin de desarrollar criterios que apoyen el diseño y la implementación de la legislación vinculante internacional, regional, nacional, sub nacional y local que promueva los mecanismos de responsabilidad legal.
¿Cómo sería esto?
Este grupo de expertos debe ser independiente de las instituciones multilaterales o bilaterales y debe estar conformado por expertos independientes, abogados, y representantes de las comunidades en la primera línea.
Asegurarse de que exista la representación de la gente que habita en las comunidades que se encuentran en la primera línea de la emergencia climática y ambiental, ya que ellos son quienes han vivido, de primera mano, las experiencias de abuso y los impactos del cambio climático que han perpetrado las industrias contaminantes.
Garantizar que el trabajo de este comité esté sujeto a plazos que coincidan con la urgencia de atender esta necesidad.
Proteger el trabajo de este comité para que no se vea influenciado de manera indebida, y para que tampoco ceda a las manipulaciones, tanto de las industrias y corporaciones contaminantes, como a las de aquéllos que directa o indirectamente las representan.
Implementación de las medidas provistas en la Hoja de ruta de la responsabilidad jurídica
Los tomadores de decisión y los movimientos sociales, en todos los niveles, deben tener en cuenta lo siguiente cuando decidan implementar las medidas que se han expuesto en esta Hoja de ruta:
La promulgación de esas políticas y medidas es, simplemente, el primer paso para lograr que las industrias contaminantes y destructivas asuman su responsabilidad jurídica; aún quedará mucho trabajo pendiente para los los tomadores de decisión, activistas y la sociedad civil para asegurar que esas medidas sean completamente implementadas y movilizarnos hacia el cambio transformativo que el mundo necesita.
La responsabilidad jurídica debe ser asumida por todas las industrias y corporaciones que con sus prácticas contribuyen al cambio climático y sus impactos, o que provoquen algún tipo de daño a las personas y la naturaleza. Además de las industrias de combustibles fósiles, esas industrias incluyen --pero no se limitan sólo a ellas-- a la agroindustria, la industria forestal, la minería y el sector energético.
Muchas de estas medidas podrían aplicarse, de la misma manera a las corporaciones que son propiedad del Estado. Debido a que los contextos nacionales y las necesidades varían de un país a otro, es importante considerar dónde aplicar y cómo adaptar los principios y medidas listados en la Hoja de ruta de la responsabilidad jurídica. Por ejemplo, para ocuparse de las corporaciones contaminantes que son propiedad del Estado. Los factores por considerar al momento de aplicarlo, deben incluir, pero no limitarse a, el grado de control democrático que se ejerza en la entidad, la función y la utilización de los recursos que provienen de las ganancias que proveen del petróleo o el gas, y la capacidad que tenga la entidad de responder a la transición de los recursos energéticos regenerativos y renovables.
Las medidas implementadas a nivel nacional deben respaldar y reforzar, antes que contradecir, las otras medidas que se han implementado a nivel local o subnacional y viceversa.