Local: Alto a la expansión de los combustibles fósiles

Aprobar, en el corto y el largo plazo, regulaciones locales que frenen la capacidad de las empresas de combustibles fósiles para extraer, transportar o promover su producto en jurisdicciones locales.

¿Cómo sería esto?

• Ciudades, pueblos y comunidades han tomado una postura proactiva para Manifestarse Contra la Expansión de los Combustibles Fósiles (SAFE por sus siglas en inglés); es decir, se han convertido en ciudades SAFE que aprueban leyes locales para prohibir los proyectos que incluyan combustibles fósiles.

• Implementar una resolución del gobierno local que se comprometa a terminar inmediatamente con la expansión de las empresas dedicadas a los combustibles fósiles y la agroindustria en su ciudad, pueblo o comunidad.

• Aprobar una moratoria que prohíba, de manera inmediata, el desarrollo de cualquier nueva infraestructura para los combustibles fósiles, comenzando por los países más ricos y diversificados, ya que son los que se encuentran en la mejor posición para realizar esta iniciativa.

  • Tal como una comunidad de Washington lo hizo. [1]

• Continuar con la legislación que considera a esas restricciones como permanentes. Éstas tienen, incluso, la virtud adicional de proteger contra riesgos ambientales, tales como los derrames petroleros.

• Prohibir el transporte o almacenamiento de combustibles fósiles a través o en su jurisdicción.

  • Tal como hizo, en 2014, South Portland, en Maine, en los Estados Unidos, cuando no permitió que las arenas bituminosas (arenas petrolíferas) cruzaran la ciudad. [2]

  • O como en Portland, Oregon, en los Estados Unidos, durante el 2016, cuando se convirtió en la primera municipalidad de dicho país en prohibir el almacenamiento masivo de los combustibles fósiles cuando detuvieron el tránsito de los trenes de petróleo que atravesaban la jurisdicción. [3]

• Dejar sin fondos a los departamentos de policía, los cuales han usado su poder, tanto para proteger violentamente la infraestructura de las industrias contaminantes por encima de la vida de las personas, como para aterrorizar a las comunidades de color. [4] [5]

• En lugar de ello, es recomendable invertir fondos en medidas con las que se pueda lograr que las comunidades sean más seguras, más saludables y sostenibles, por ejemplo, en educación, en justicia restaurativa, y en infraestructura de energía renovable con base comunitaria. [6]

Implementación de las medidas provistas en la Hoja de ruta de la responsabilidad jurídica

Los tomadores de decisión y los movimientos sociales, en todos los niveles, deben tener en cuenta lo siguiente cuando decidan implementar las medidas que se han expuesto en esta Hoja de ruta:

• La promulgación de esas políticas y medidas es, simplemente, el primer paso para lograr que las industrias contaminantes y destructivas asuman su responsabilidad jurídica; aún quedará mucho trabajo pendiente para los los tomadores de decisión, activistas y la sociedad civil para asegurar que esas medidas sean completamente implementadas y movilizarnos hacia el cambio transformativo que el mundo necesita.

• La responsabilidad jurídica debe ser asumida por todas las industrias y corporaciones que con sus prácticas contribuyen al cambio climático y sus impactos, o que provoquen algún tipo de daño a las personas y la naturaleza. Además de las industrias de combustibles fósiles, esas industrias incluyen --pero no se limitan sólo a ellas-- a la agroindustria, la industria forestal, la minería y el sector energético.

• Muchas de estas medidas podrían aplicarse, de la misma manera a las corporaciones que son propiedad del Estado. Debido a que los contextos nacionales y las necesidades varían de un país a otro, es importante considerar dónde aplicar y cómo adaptar los principios y medidas listados en la Hoja de ruta de la responsabilidad jurídica. Por ejemplo, para ocuparse de las corporaciones contaminantes que son propiedad del Estado. Los factores por considerar al momento de aplicarlo, deben incluir, pero no limitarse a, el grado de control democrático que se ejerza en la entidad, la función y la utilización de los recursos que provienen de las ganancias que proveen del petróleo o el gas, y la capacidad que tenga la entidad de responder a la transición de los recursos energéticos regenerativos y renovables.

• Las medidas implementadas a nivel nacional deben respaldar y reforzar, antes que contradecir, las otras medidas que se han implementado a nivel local o subnacional y viceversa.

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