Nacional:
Multas a los contaminadores por los daños climáticos

Implementar y cobrar multas a las corporaciones por actividades contaminantes como la extracción de combustibles fósiles para ayudar a financiar de manera justa y directa el abandono de los productos contaminantes.El costo de esas multas no debe ser asumido de ninguna manra por las personas, sino por las corporaciones y el gobierno. Lo recaudado debe ser puesto, públicamente, al servicio de las personas.

¿Cómo sería esto?

El pago de esta multa no debe ser utilizado de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia para permitir o legitimar que exista más contaminación, o para crear dependencia de la contaminación persistente como fuente de ingresos. Por el contrario, la implementación de multas por daños climáticos debe estar en concordancia con los lineamientos que se detallan a continuación:

  • Establecer una multa nacional por daños climáticos. Ésta se cobrará por cada unidad que las industrias contaminantes contaminen o extraigan.

  • Las corporaciones deben tener prohibida, legalmente, la posibilidad de transferir el costo de la multa a los consumidores y deben comprobar que los recursos con los que la solventan provienen directamente de sus ingresos o beneficios netos.

  • Una multa por ocasionar cualquier tipo de daño climático debe incentivar una reorientación de la industria contaminadora y otras industrias productoras de energía, por ejemplo, la búsqueda de alternativas; es decir, energías que no provengan de los combustibles fósiles u otros productos contaminantes, con el fin de reducir la cantidad de dinero que se obtiene de esa actividad. Esto también podría contribuir a que fueran una opción de inversión menos atractiva.

  • El cobro de la multa debe ser sólo una de las opciones utilizadas por los gobiernos entre todas las medidas financieras complementarias que existen, incluyendo algunas como la remoción de los subsidios a los combustibles fósiles o los agroquímicos, con el fin de que los negocios de la industria contaminante sean cada vez menos viables..

  • En esta misma línea, el uso de multas por daño climático debe reforzar, no reemplazar, la responsabilidad del gobierno de asignar y movilizar fondos públicos para abordar el cambio climático y las subsecuentes necesidades de las comunidades. Cualquier gobierno que utiliza esta multa debe hacerlo con la premisa de asegurar que los recursos que se recauden estarán protegidos de cualquier tipo de corrupción y se encontrarán al servicio de las comunidades.

  • El diseño de esta multa debe asegurar que el importe aumentará anualmente, y puede aplicarse en repetidas ocasiones, de tal manera que sostener estas empresas sea, año a año, un negocio menos lucrativo. Al aplicarla se prevé recaudar billones de dólares anualmente y destinarlos a abordar los problemas derivados del impacto climático, mientras que contribuye a la eliminación gradual del producto (como los combustibles fósiles) para mediados de siglo. [1]

  • Debe existir una multa que se relacione con la fuente de los recursos (por ejemplo, para las corporaciones dedicadas a los combustibles fósiles, una multa por extracción; o para la agroindustria al principio de la cadena de suministro de alimentos). El costo de ésta debe ser asumido únicamente por las corporaciones, no por alguno de los países en los que domicilian sus actividades.

  • La implementación de la multa debe incluir un reporte en el que se muestre, de manera clara y transparente, lo que ha sido pagado y a quién; haciendo más dificil que los contaminadores puedan persuadir a quienes dictan las leyes y las implementan para obtener reglas y precios preferenciales.

  • Los fondos obtenidos mediante la recolección de estas multas deben:

    • Ser utilizados únicamente para servir a los intereses públicos enfocados a abordar los impactos climáticos o para financiar una transición justa. Esto último puede incluir actividades tales como, el financiamiento a las propuestas de energía renovable descentralizadas dirigidas por la comunidad, o la descentralización de los sistemas alimentarios actuales, incluyendo la agricultura en pequeña escala, que aseguran el cuidado y la restauración de la tierra.

    • Evitar promover directa o indirectamente a los combustibles fósiles o alguna otra actividad contaminante.

    • Estar destinados, directamente, a las ayudas financieras internacionales para Pérdidas y Daños, y ser otorgados directamente a las comunidades que necesiten hacer frente a los impactos climáticos. Los países ricos e industrializados deben tener la mayor contribución (por lo menos el 50%) de lo recaudado mediante el cobro de las multas por daño climático. De manera similar, la mayor parte de los recursos recaudados por el cobro de esas multas en los países de bajos ingresos, deben destinarse, directamente a apoyar a las comunidades del país que han sido impactadas directamente, sobre una base de escala móvil.

 

Implementación de las medidas provistas en la Hoja de ruta de la responsabilidad jurídica

Los tomadores de decisión y los movimientos sociales, en todos los niveles, deben tener en cuenta lo siguiente cuando decidan implementar las medidas que se han expuesto en esta Hoja de ruta:

  • La promulgación de esas políticas y medidas es, simplemente, el primer paso para lograr que las industrias contaminantes y destructivas asuman su responsabilidad jurídica; aún quedará mucho trabajo pendiente para los los tomadores de decisión, activistas y la sociedad civil para asegurar que esas medidas sean completamente implementadas y movilizarnos hacia el cambio transformativo que el mundo necesita.

  • La responsabilidad jurídica debe ser asumida por todas las industrias y corporaciones que con sus prácticas contribuyen al cambio climático y sus impactos, o que provoquen algún tipo de daño a las personas y la naturaleza. Además de las industrias de combustibles fósiles, esas industrias incluyen --pero no se limitan sólo a ellas-- a la agroindustria, la industria forestal, la minería y el sector energético.

  • Muchas de estas medidas podrían aplicarse, de la misma manera a las corporaciones que son propiedad del Estado. Debido a que los contextos nacionales y las necesidades varían de un país a otro, es importante considerar dónde aplicar y cómo adaptar los principios y medidas listados en la Hoja de ruta de la responsabilidad jurídica. Por ejemplo, para ocuparse de las corporaciones contaminantes que son propiedad del Estado. Los factores por considerar al momento de aplicarlo, deben incluir, pero no limitarse a, el grado de control democrático que se ejerza en la entidad, la función y la utilización de los recursos que provienen de las ganancias que proveen del petróleo o el gas, y la capacidad que tenga la entidad de responder a la transición de los recursos energéticos regenerativos y renovables.

  • Las medidas implementadas a nivel nacional deben respaldar y reforzar, antes que contradecir, las otras medidas que se han implementado a nivel local o subnacional y viceversa.

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  1 "CDT Data Tables," Stamp Out Poverty, accessed August 27, 2020, https://www.stampoutpoverty.org/cdt-data-tables/.