Nacional:
Establecer la primacía de los derechos humanos

Reafirmar y poner en práctica, a través de las leyes nacionales e internacionales que garantizan la primacía de los derechos humanos, la necesidad de que estos sean defendidos por los Estados y respetados por las corporaciones transnacionales, así como por sus subsidiarias, sus empresas controladas y cualquier entidad que pertenezca a su cadena global de valor y sus representantes. Tener una guía firme de lo que se considera una violación a los derechos humanos y cuáles son las sanciones apropiadas para estos actos.

Proveer de acceso a la justicia y soluciones a las personas y trabajadores afectados en el país que hospeda a las corporaciones transnacionales, y en cualquier otro país donde esas corporaciones tengan inversiones considerables, o en una jurisdicción internacional, como un tribunal internacional especializado en corporaciones transnacionales y derechos humanos.

¿Cómo sería esto?

• Establecer la primacía de los derechos humanos, y proclamar:

  • La obligación principal de un Estado y sus representantes para proteger los derechos humanos y no necesariamente sujeta a la existencia de una legislación nacional apropiada.

  • Que el respeto, tanto a los derechos humanos como al bien común, sea una obligación legal de las corporaciones y que esto no esté determinado por ninguna ley del país originario que provea de inmunidad a las corporaciones que operan en otros países.

  • Mecanismos para que los individuos o las entidades demanden a los contaminadores a que asuman su responsabilidad jurídica por la violación de derechos humanos.

• Adoptar medidas que faciliten una transición hacia un sistema que no produzca contaminación; incluyendo prácticas y políticas que:

  • Garanticen que las personas conocen sus derechos.

  • Provean de todo lo necesario para conservar el ambiente, rehabilitarlo y reparar el daño.

  • Aseguren que las violaciones a derechos humanos no se repetirán.

• Establecer, claramente, en la ley, lo que se considera una violación de derechos humanos y las acciones civiles, jurídicas, financieras, administrativas o de cualquier otro tipo, que se llevarán a cabo cuando se considere que esos derechos han sido vulnerados.

• Al determinar los lineamientos sobre cómo definir una violación a los derechos humanos en la ley nacional, tomar en consideración:

  • Los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario, adoptada el 2005 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.[1]

  • La obligación de respetar, garantizar el respeto e implementar los acuerdos internacionales de derechos humanos y humanitarios, como la guía del Comité de los Derechos Humanos de la ONU, [2] La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) [3], Las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques [4], la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP) [5], y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales [6].

  • El derecho de las víctimas a la reparación del daño debe proveer de:

    • Acceso a la justicia.

    • Reparación del daño sufrido.

    • Acceso a información relevante relacionada con las violaciones y los mecanismos de reparación.

  • La actualización del set de principios para la promoción y protección de los derechos humanos mediante el combate a la impunidad (principios de impunidad) avalado por las Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (conseguido por el Consejo de Derechos Humanos en 2006). [7] Incluye algunos conceptos importantes, tales como:

    • Conferir obligaciones generales a los estados para emprender acciones efectivas para combatir la impunidad.

    • El inalienable derecho a la verdad.

    • El establecimiento y la especificación de las funciones de las comisiones de la verdad.

    • Jurisdicción de los tribunales penales internacionales e internacionalizados.

    • Medidas para fortalecer la efectividad de los principios legales internacionales que conciernen a la jurisdicción universal e internacional.

    • Restricciones a la prescripción.

    • Derechos y responsabilidades que surgen de la obligación de reparar el daño.

    • Procedimientos para la reparación del daño que permitan la restitución, compensación, rehabilitación, y la garantía de que el daño no se repetirá.

    • Divulgar los procedimientos de reparación del daño.

    • Libertad de acción del derecho a la reparación del daño.

• Establecer la responsabilidad ljurídica de las compañías principales y de las empresas de subcontratación sobre las actividades que realicen sus subsidiarias, las empresas controladas y cualquier filial en su cadena global de valor.

  • Dé clic aquí para ver un estudio de caso que tuvo lugar en Francia, con respecto a la ley del “deber de vigilancia”, durante el 2017. Esto sienta un precedente importante [8] que, aunque imperfecto, debido en gran parte al cabildeo corporativo, debe seguir construyéndose.

• Ampliar la obligación legal de las corporaciones para incluir a los Directores Ejecutivos (CEOs), los ejecutivos y todos aquellos en posiciones de poder dentro de las corporaciones.

• Adoptar legislación en la que se cumplan los compromisos climáticos contraídos en instituciones como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, con el fin de que se pueda exigir a las empresas que los respeten.