Nacional:
Proteger a quienes hacen las leyes de la manipulación de los contaminadores
Aprobar e implementar políticas y legislaciones de conflictos de intereses para crear el espacio en el que puedan avanzar quienes hacen las leyes y los servidores públicos en la promoción de la justicia y las soluciones reales.
¿Cómo sería esto?
Reducir la capacidad que tienen los contaminadores de seguir avanzando políticas que defienden sus privilegios, implementando medidas para proteger –de su influencia e interferencia-- a quienes elaboran las leyes. [1] [2] [3] [4]
Esto incluye, pero no se limita a:
Instituir una barrera con limitantes claramente establecidos a las industrias contaminantes para que no tengan acceso a los procesos de toma de decisiones.
Abordar los intereses basados en condiciones ventajosas y los conflictos de intereses.
Terminar con el trato preferencial y rechazar todo tipo de relaciones con los individuos e instituciones o las organizaciones que directa o indirectamente representan a las industrias corruptas o destructivas.
Implementación de las medidas provistas en la Hoja de ruta de la responsabilidad jurídica
Los tomadores de decisión y los movimientos sociales, en todos los niveles, deben tener en cuenta lo siguiente cuando decidan implementar las medidas que se han expuesto en esta Hoja de ruta:
La promulgación de esas políticas y medidas es, simplemente, el primer paso para lograr que las industrias contaminantes y destructivas asuman su responsabilidad jurídica; aún quedará mucho trabajo pendiente para los los tomadores de decisión, activistas y la sociedad civil para asegurar que esas medidas sean completamente implementadas y movilizarnos hacia el cambio transformativo que el mundo necesita.
La responsabilidad jurídica debe ser asumida por todas las industrias y corporaciones que con sus prácticas contribuyen al cambio climático y sus impactos, o que provoquen algún tipo de daño a las personas y la naturaleza. Además de las industrias de combustibles fósiles, esas industrias incluyen --pero no se limitan sólo a ellas-- a la agroindustria, la industria forestal, la minería y el sector energético.
Muchas de estas medidas podrían aplicarse, de la misma manera a las corporaciones que son propiedad del Estado. Debido a que los contextos nacionales y las necesidades varían de un país a otro, es importante considerar dónde aplicar y cómo adaptar los principios y medidas listados en la Hoja de ruta de la responsabilidad jurídica. Por ejemplo, para ocuparse de las corporaciones contaminantes que son propiedad del Estado. Los factores por considerar al momento de aplicarlo, deben incluir, pero no limitarse a, el grado de control democrático que se ejerza en la entidad, la función y la utilización de los recursos que provienen de las ganancias que proveen del petróleo o el gas, y la capacidad que tenga la entidad de responder a la transición de los recursos energéticos regenerativos y renovables.
Las medidas implementadas a nivel nacional deben respaldar y reforzar, antes que contradecir, las otras medidas que se han implementado a nivel local o subnacional y viceversa.
1 Hiroko Tabuchi, "‘Vulnerable Voices’ Lash Out as Companies Sway Climate Talks," The New York Times, May 16, 2017, https://www.nytimes.com/2017/05/16/climate/corporations-global-climate-talks-bonn-germany.html.
2 Corporate Accountability. Polluting Paris: How Big Polluters are Undermining Global Climate Policy, October 2017, accessed August 25, 2020, https://www.corporateaccountability.org/wp-content/uploads/2017/10/PollutingParis_COP23Report_2017.pdf.
3 “Cut Fossil Fuels out of our Politics,” Demands, Fossil Free Politics, accessed August 25, 2020, https://www.fossilfreepolitics.org/#Demands.
4 Patrick Galey, “Thousands of big energy reps at UN climate talks: monitor,” Yahoo! News, June 19, 2019, https://au.news.yahoo.com/amphtml/thousands-big-energy-reps-un-climate-talks-monitor-142443244--spt.html?_guc_consent_skip=1598296074.