Nacional:
Principio de la inversión de la carga de prueba
Facilitar el acceso a la justicia contra la impunidad corporativa, al asegurar que la carga de la prueba de los daños que fueron cometidos por las corporaciones transnacionales --u otros actores--, recaiga en aquellos acusados, en virtud del principio legal de res ipsa loquitur (el solo hecho de que el acto haya ocurrido implica negligencia), y no en las pasadas, presentes y futuras víctimas de tal abuso.
¿Cómo sería esto?
Tomar medidas para revertir la carga del principio de la prueba para ayudar a asegurar que las víctimas estén mejor posicionadas en los procesos judiciales que desplazan a la legislación nacional.
Adoptar provisiones para colocar la carga de la prueba en las corporaciones destructivas y contaminantes, no en la gente, lo cual promoverá que aquéllas se mantengan como las únicas responsables de rendir cuenta de sus acciones
Implementación de las medidas provistas en la Hoja de ruta de la responsabilidad jurídica
Los tomadores de decisión y los movimientos sociales, en todos los niveles, deben tener en cuenta lo siguiente cuando decidan implementar las medidas que se han expuesto en esta Hoja de ruta:
La promulgación de esas políticas y medidas es, simplemente, el primer paso para lograr que las industrias contaminantes y destructivas asuman su responsabilidad jurídica; aún quedará mucho trabajo pendiente para los los tomadores de decisión, activistas y la sociedad civil para asegurar que esas medidas sean completamente implementadas y movilizarnos hacia el cambio transformativo que el mundo necesita.
La responsabilidad jurídica debe ser asumida por todas las industrias y corporaciones que con sus prácticas contribuyen al cambio climático y sus impactos, o que provoquen algún tipo de daño a las personas y la naturaleza. Además de las industrias de combustibles fósiles, esas industrias incluyen --pero no se limitan sólo a ellas-- a la agroindustria, la industria forestal, la minería y el sector energético.
Muchas de estas medidas podrían aplicarse, de la misma manera a las corporaciones que son propiedad del Estado. Debido a que los contextos nacionales y las necesidades varían de un país a otro, es importante considerar dónde aplicar y cómo adaptar los principios y medidas listados en la Hoja de ruta de la responsabilidad jurídica. Por ejemplo, para ocuparse de las corporaciones contaminantes que son propiedad del Estado. Los factores por considerar al momento de aplicarlo, deben incluir, pero no limitarse a, el grado de control democrático que se ejerza en la entidad, la función y la utilización de los recursos que provienen de las ganancias que proveen del petróleo o el gas, y la capacidad que tenga la entidad de responder a la transición de los recursos energéticos regenerativos y renovables.
Las medidas implementadas a nivel nacional deben respaldar y reforzar, antes que contradecir, las otras medidas que se han implementado a nivel local o subnacional y viceversa.